A- de 2021

Conflicto de competencia suscitado entre las Salas de Casación Laboral y Civil de la Corte Suprema de Justicia.

En este caso encontró la Corte Constitucional que sólo se presentó un conflicto aparente de competencia, en la medida en que la precitada Sala Civil tomó el presunto desconocimiento de las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1983 de 2017 como fundamento para no pronunciarse de fondo y declarar una nulidad, ignorando que estas disposiciones, dada su naturaleza administrativa, no fijan la competencia y, por ende, su desacato no constituye una causal que pueda derivar en la anulación de todo lo actuado.

Se recuerda que, conformidad con el principio perpetuatio jurisdictionis, en el momento en que la Sala Penal avocó el conocimiento de la acción de tutela de la referencia radicó sobre ella la competencia para pronunciarse de fondo en primera instancia y, de contera, determinó que la Sala Civil de ese mismo Tribunal debía asumir el estudio de su fallo en caso de que fuera impugnado, pues al tenor del artículo 44 del Acuerdo 01 de 2002, ésta última funge como superior de la primera para efectos del trámite de las acciones de tutela.

Se dirime la controversia con la remisión del expediente a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que de manera inmediata asuma el trámite del recurso de impugnación formulado.

Se hace una advertencia a esta autoridad para que en lo sucesivo se abstenga de suscitar conflictos aparentes de competencia y declarar la nulidad de lo actuado con base en las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificadas parcialmente por el Decreto 333 de 2021.

Así mismo, se le advierte que los conflictos de competencia en materia de tutela deben ser resueltos, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550/18.